VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUINEA ECUATORIAL

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que en Guinea Ecuatorial se siguen violando los Derechos Humanos y lamentó las recientes palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en las que afirmó que la situación en Guinea Ecuatorial ha mejorado significativamente, según señaló un comunicado difundido con motivo de la visita que efectuará a España el próximo 15 de noviembre el presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema.Entre los abusos denunciados, AI mencionó fundamentalmente la existencia de presos de conciencia, la práctica de detención arbitraria sin cargos y sin juicios, las muertes bajo custodia, el uso de la tortura y los malos tratos, la aplicación de la pena de muerte y los desalojos forzosos.La organización pidió que estas preocupaciones sean abordadas en profundidad con el presidente Obiang por parte del Ejecutivo español, y señaló que es necesario que se llegue a un compromiso público y de hechos concretos por parte del mandatario ecuatoguineano para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país, incluyendo la liberación de opositores políticos presos de conciencia que todavía hay en el país.A tal fin, la organización anunció hoy que ha enviado por carta estas preocupaciones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro Moratinos. En estas cartas, además, la organización expresó su disconformidad con las recientes declaraciones de Moratinos "en las que asume que la situación en Guinea Ecuatorial ha mejorado significativamente al no tener constancia de listas de presos políticos en el país tras la amnistía decretada el pasado mes de junio por el presidente Obiang".Para fundamentar sus argumentos, Amnistía Internacional ha enviado junto a cada carta un listado con los casos de 14 presos de conciencia y varios presos políticos que siguen encarcelados en las cárceles ecuatoguineanas.DETENCIÓN ARBITRARIASegún la organización, a pesar de la amnistía decretada por el presidente Obiang en el mes de junio con ocasión de su cumpleaños y que supuso la puesta en libertad de 42 personas, entre las que había presos de conciencia, las autoridades civiles y políticas han seguido practicando detenciones arbitrarias, sobre todo en la región continental del país. Además, Amnistía expresó su preocupación por el hecho de que días antes de la promulgación del decreto de amnistía, los detenidos tuvieron que firmar declaraciones comprometiéndose a no participar en actividades políticas durante un período de 10 años. En el caso de Weija Chicampo, líder del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB), liberado en esa fecha, la amnistía no supueso su regreso a su casa sino que fue embarcado directamente en un avión hacia Madrid, sin que nadie le preguntara. "Ni él ni su familia fueron informados de su expulsión ni de su paradero", aseguró AI. Amnistía Internacional tiene documentados "al menos catorce presos de conciencia en Guinea Ecuatorial y sobre los cuales la organización pide su liberación inmediata e incondicional". Trece de los presos son miembros o simpatizantes de la Fuerza Demócrata Republicana (FDR), los cuales "fueron declarados culpables por intento de golpe de Estado en el 'macrojuicio' sin garantías en Malabo en junio de 2002", aseguró AI. "No hubo pruebas contra ellos, excepto sus propias declaraciones conseguidas bajo tortura", añadió.Por otra parte, Amnistía denunció el caso del reverendo Bienvenido Samba Momesori, detenido en octubre de 2003 y quien continúa recluido en la cárcel pública de Evinayong sin haber sido acusado de ningún delito penal.Amnistía calificó también "de suma preocupación" la práctica por parte del Gobierno de Guinea Ecuatorial de "extraditar" sin garantías procesales e incluso secuestrar a ciudadanos guineanos refugiados en países vecinos. Es el caso de Carmelo Ncogo, José María Ntutu, Jesús Micha Micha y Juan Bestué Santander, detenidos y "extraditados" de Libreville, Gabón, en julio de 2004. Todos ellos, según Amnistía, fueron acusados de actos de terrorismo y rebelión y de estar involucrados en un presunto ataque en la isla de Corisco, en el sur de Guinea Ecuatorial. Los cuatro pasaron casi dos años sin cargos formales y los cargos contra ellos, todavía provisionales, no han sido formalizados y todavía no han sido juzgados. También es el caso del ex comandante de la marina Juan Ondó Abaga, refugiado en Benín desde 1997, quien fue al parecer secuestrado por personal de Guinea Ecuatorial en febrero del 2005. Según AI, se cree que en septiembre fue condenado 'in absentia' a una pena de 30 años de prisión y podría estar recluido en la prisión de Black Beach, "un hecho que no ha sido confirmado, por lo que Juan Ondó continúa 'desaparecido'", añadió Amnistía.MUERTES BAJO CUSTODIA, TORTURA Y PENA DE MUERTEAun reconociendo que el "avance importante" que ha supuesto tanto la aprobación en el Parlamento de Guinea Ecuatorial, el pasado mes de septiembre, de una ley para penalizar la tortura como su entrada en vigor el pasado 7 de noviembre, Amnistía Internacional recordó en su comunicado que ha documentado cuatro muertes bajo custodia en los dos últimos años a consecuencia de las torturas sufridas durante su reclusión.Igualmente hasta la fecha, "se desconocen investigaciones imparciales e independientes sobre casos de tortura y malos tratos, y sus responsables en ningún momento han comparecido ante la justicia", denunció AI. Según Amnistía, en Guinea Ecuatorial se sigue aplicando la pena de muerte en casos de asesinato. Por ejemplo, Fernando Esono Ndjeng fue ejecutado públicamente por un pelotón de fusilamiento el 20 de abril del 2006 en Evinayong, capital de la provincia Centro-Sur. Había sido condenado a muerte a principios del 2004. La última ejecución llevada a cabo en Guinea Ecuatorial antes de ésta tuvo lugar en diciembre de 2004. Otro abuso denunciado por AI es el desalojo forzoso de alrededor de 300 personas que fueron expulsadas de sus hogares, los pasados 22 y 23 de julio, en dos barrios del distrito de Banapa de Malabo. Los desalojos forzosos, según la organización, fueron acompañados de la destrucción indiscriminada de casas y pertenencias de los residentes. "Las autoridades no consultaron a los residentes, no les avisaron con antelación, ni les entregaron órdenes de desalojo, no se les dieron garantías de una vivienda alternativa ni la oportunidad de impugnar los desalojos", denunció la organización. "Los residentes que protestaron por la demolición de sus casas fueron golpeados e intimidados por los soldados que acompañaban al equipo de demolición", añadió.